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La masiva ocupación a un predio conocido como “tierras de Farto” en el B° Luján, ocurrida en septiembre de 2020
El Tribunal de Impugnación de la provincia resolvió aceptar el recurso de impugnación ordinario presentado por la fiscalía y la parte querellante, revocando así el sobreseimiento previamente otorgado en un caso de usurpación de tierras en El Bolsón.
Este fallo implica que los acusados, anteriormente absueltos, ahora han sido declarados responsables del delito de usurpación, y se procederá con la determinación de las penas correspondientes en la siguiente etapa del proceso.
Los jueces Adrián Zimmermann, Miguel Cardella y María Rita Custet Llambí han respaldado los planteamientos del fiscal Francisco Arrien y del abogado querellante Victor Hugo Massimino, desestimando los argumentos de los defensores Nelson Vigueras y Daniel Eduardo Bauza, quienes representaban a las 52 personas inicialmente implicadas en el expediente. Entre estos, la fiscalía había retirado la acusación contra seis individuos, quienes ya no tienen relación con el proceso.
Sin embargo, el Tribunal ha dictaminado que Julio César Acevedo, Néstor Julián Acevedo, y otros cuarenta y dos individuos, sean condenados como autores del delito de usurpación. Este fallo surge a raíz de un incidente ocurrido el 26 de septiembre de 2020, cuando un gran grupo de personas ingresó de manera masiva y clandestina a un predio conocido como “tierras de Farto” en El Bolsón, despojando a los propietarios de su posesión pacífica.
Los jueces han respaldado firmemente la posición de la fiscalía, destacando que la evidencia presentada demuestra más allá de toda duda razonable la culpabilidad de los acusados. Han criticado la valoración del juez de Juicio, señalando que no contextualizó adecuadamente la prueba reunida en el caso y han afirmado que tanto desde el punto de vista procesal como probatorio, la autoría de los imputados está plenamente establecida.
Este fallo representa un hito significativo en la lucha contra la usurpación de tierras y subraya la importancia del sistema judicial en proteger los derechos de propiedad y la justicia para las partes afectadas.
