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El juez Martín Arroyo rechazó la hipótesis de legítima defensa y prorrogó por dos meses la medida cautelar en la causa por la muerte de Julián Salvo, que avanza hacia la instancia de juicio oral
Fue imputado por el homicidio de Julián Salvo, ocurrido en octubre de 2025 en El Bolsón. La decisión fue adoptada tras dos audiencias virtuales realizadas esta semana, en las que el magistrado ratificó la medida hasta el 2 de junio.
Según la acusación, Salazar habría atacado a la víctima con un arma blanca, provocándole dos heridas punzantes y múltiples lesiones. Durante el debate, la defensa, a cargo de Hugo Cancino, sostuvo que el hecho se produjo en un contexto de legítima defensa. Argumentó que Salvo y un acompañante habrían ingresado al domicilio del imputado “saltando el cerco” e intentado abrir el baúl de su vehículo, circunstancia que derivó en una pelea. Asimismo, cuestionó la credibilidad del principal testimonio y afirmó que la teoría del caso presentada por la fiscalía carece de sustento frente a la evidencia reunida.
No obstante, dichos planteos fueron desestimados. El fiscal Francisco Arrien defendió la consistencia de la imputación, mientras que el querellante Leandro Cortés destacó que la víctima presentaba 14 heridas de arma blanca —incluidas lesiones de carácter defensivo—, en contraste con la ausencia de lesiones en el acusado.
Además, se indicó que el ataque se habría producido a unos 20 metros de la vivienda del imputado, lo que debilita la hipótesis de legítima defensa, en tanto sugiere una persecución previa al hecho. El arma utilizada, según se expuso, tendría una hoja superior a los 25 centímetros.
Al fundamentar su decisión, el juez Arroyo recordó que en esta etapa del proceso no se exige certeza plena, sino un grado de probabilidad suficiente. En ese sentido, consideró que existe un cuadro de sospecha respaldado por múltiples testimonios que ubican a Salazar en el lugar del hecho y en posesión de un arma blanca.
Finalmente, el magistrado valoró la existencia de riesgos procesales, al señalar que el imputado mantiene vínculos y conocimiento de testigos relevantes, lo que podría derivar en eventuales presiones o interferencias en la investigación. (EC)
