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La fiscal Raquel Almada enfrenta un sumario tras haber ordenado la liberación de Matías Belloso, hijo de Gonzalo Belloso, presidente del club Rosario Central y aliado de la AFA, medida que generó un fuerte rechazo en Rosario.
Matías Belloso había sido detenido la semana pasada en un operativo en la zona norte de Rosario, junto a tres personas más, una de las cuales es investigada por integrar una estructura dedicada al juego clandestino. El procedimiento policial se realizó tras una denuncia por amenazas y se encontró en el vehículo un revólver calibre .22 sin registrar.
Belloso, de 26 años, fue trasladado a sede policial con los demás involucrados, pero la Fiscalía Regional de Rosario decidió liberarlo sin formularle cargos, al considerar que el arma no le pertenecía. Esta decisión sorprendió a operadores judiciales provinciales, ya que el Ministerio Público de Santa Fe suele aplicar la figura de tenencia compartida cuando varias personas son halladas con un arma en un mismo vehículo, criterio que ha tenido precedentes condenatorios en la jurisdicción.
Ante esta resolución inesperada, la Auditoría General de Gestión (AGG) intervino para revisar el caso y se dispuso retirar el expediente de Almada para trasladarlo al fiscal Fernando Dalmau, según informaron fuentes locales.
El episodio cobró repercusión nacional debido a la identidad de uno de los detenidos: Fausto Carbajo, señalado en una investigación judicial como uno de los “cajeros” o intermediarios en una organización que explota plataformas clandestinas de apuestas online. Carbajo había sido denunciado meses atrás por el futbolista Jonatan Gómez —exjugador de Rosario Central, Racing y actualmente en Sarmiento de Junín— quien afirmó haber desarrollado una fuerte adicción al juego a través de casinos virtuales ilegales y acumulado una deuda cercana a 50.000 dólares. Según la denuncia, Carbajo le proveía créditos para apostar y luego participó en maniobras de cobro mediante amenazas.
Gómez describió el funcionamiento de una estructura basada en plataformas virtuales que operan al margen de los controles oficiales, donde los usuarios acceden a casinos online con claves personales, mientras los “cajeros” administran créditos, cobran apuestas y efectúan pagos a través de transferencias, billeteras virtuales o dinero en efectivo. Este esquema también consta en otras causas judiciales en Santa Fe. Una de ellas llevó a la condena de Ornella Di Pietri por integrar una asociación ilícita vinculada a la explotación de plataformas ilegales de apuestas y lavado de activos. Según la acusación, Di Pietri actuaba como intermediaria entre administradores de casinos virtuales y apostadores, además de colaborar en operaciones para dar apariencia legal a fondos ilícitos.
Los investigadores sostienen que el juego clandestino online se ha convertido en uno de los negocios de mayor crecimiento entre las organizaciones criminales que operan en Rosario. Estas redes cuentan con intermediarios distribuidos en distintos barrios, encargados de captar jugadores, administrar créditos y recaudar fondos, en una actividad que mueve sumas millonarias y se asocia con otras economías ilegales.
Hasta el momento, no existe imputación alguna que vincule a Gonzalo Belloso ni a su hijo con estas organizaciones. Tampoco la investigación sobre apuestas clandestinas alcanza a dirigentes de la AFA. Sin embargo, la coincidencia entre la detención del hijo de uno de los colaboradores más cercanos de Claudio Toviggino y la presencia en el mismo vehículo de un presunto operador del juego ilegal convirtió este episodio en un hecho políticamente delicado para la conducción del fútbol argentino.
