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El comportamiento financiero de las empresas acusadas de pagar sobornos durante la administración kirchnerista, con el fin de asegurarse contratos, concesiones, obras y subsidios, es una de las principales líneas de investigación de la fiscalía en el juicio por los Cuadernos de las Coimas. Este jueves, los últimos exfuncionarios de ARCA aportaron información sobre retiros millonarios en efectivo y en dólares, movimientos “llamativos” y el uso de una planilla central para cruzar datos, elaborada por el financista Ernesto Clarens, que detallaba firmas, fechas y montos comprometidos. Los testimonios remarcaron nuevamente movimientos de fondos sin justificación y la utilización de facturas apócrifas.
La fiscal Fabiana León busca reconstruir el circuito de fondos ilegales mediante el cual las empresas involucradas habrían realizado pagos de coimas a exintegrantes del Ministerio de Planificación Federal, entre 2003 y 2015, supuestamente por orden de Cristina Kirchner, señalada como jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de sobornos.
El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), conformado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, escuchó la declaración de dos testigos que integraron la AFIP durante la instrucción del caso Cuadernos, en 2018 y 2019. En ese período, se solicitó al organismo la fiscalización de un grupo de empresas y el análisis de posibles “movimientos financieros espurios”.
Según el dictamen acusador de la UIF, 17 empresas señaladas por pagar sobornos fueron adjudicatarias de 355 obras durante los doce años de gestión kirchnerista, por un monto total de 37.171.270.998,64 pesos.
Un papel central en la maniobra correspondió al financista Ernesto Clarens, quien recibía directamente los pagos provenientes de firmas del sector de la construcción vial. Él fue el único encargado de cambiar divisas y realizar las gestiones necesarias para trasladar posteriormente los fondos a los destinatarios finales. La planilla confeccionada y entregada por Clarens a la justicia, una vez convertido en imputado colaborador, resultó fundamental para el trabajo de la ex AFIP.
Horacio Castagnola, entonces director de la DGI, declaró ante el Tribunal que recibían oficios judiciales de diversa índole y recordó un grupo de empresas sobre las cuales se realizaron pedidos de información. Al ser consultado por algunas de las compañías observadas, mencionó a “Isolux-Corsán, por la presencia de Carlos Lascurain, persona conocida, y a IECSA, cuyo dueño, Angelo Calcaterra, era primo hermano del presidente Mauricio Macri”.
Isolux, empresa de origen español, fue adjudicataria de la construcción de la Usina de Río Turbio, obra que nunca se finalizó. En la audiencia anterior, un exfuncionario de ARCA había señalado la utilización de facturas apócrifas por parte de esta compañía, aspecto que Castagnola confirmó en su testimonio.
El oficio firmado por el juez Claudio Bonadio en 2018 solicitaba la determinación de posibles “financiamientos espurios” e incluía un listado de empresas investigadas como parte del circuito de sobornos. En este sentido, el abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, preguntó a Castagnola si era habitual recibir requerimientos para determinar dicho concepto. El testigo respondió que, aunque no con esa denominación, en muchos casos se investigaba la existencia de facturas apócrifas o salidas de dinero no justificadas, lo que implicaba un costo falso adicional y retiros de fondos cuya trazabilidad se perdía, es decir, pagos realizados sin prestación del servicio correspondiente.
Al ser consultado sobre la confirmación de esos financiamientos apócrifos, Castagnola indicó que se empleaba la calificación de facturas falsas o apócrifas y recordó la existencia de movimientos de dinero no documentados. Explicó que una línea de trabajo fundamental era verificar si los servicios consignados en las facturas efectivamente se habían prestado y mencionó la existencia, en la AFIP, de una base de datos de empresas calificadas como apócrifas.
Respecto a una salida de fondos de una empresa con destino final en Andorra, el testigo mencionó el caso de la UTE Odebrecht-Ghella, adjudicataria de la construcción del soterramiento del tren Sarmiento, denunciado por el área de Grandes Contribuyentes Nacionales. En esa unión de empresas participaba IECSA. Castagnola recordó que el dinero primero pasó por un banco local y luego fue transferido a la banca de Andorra por un monto de 4,2 millones de dólares. Destacó que esta causa tuvo relevancia debido a la vinculación informal con el presidente Macri, ya que al aparecer el nombre de Calcaterra se cuestionaba a la figura presidencial.
El contador indicó que en ese caso se cuestionaban varias facturas por servicios no prestados y que esa misma sociedad ficticia había sido utilizada por Odebrecht en otros países para generar retiros espurios de dinero sin contraprestación. Asimismo, mencionó que existía un patrón que agrupaba a varias de las empresas investigadas, el cual denominó como “casos notables de salidas de dinero” sin la justificación correspondiente.
Diana Guterman, segunda testigo del día, confirmó que el juzgado federal de Bonadio solicitó información sobre determinadas empresas: “Se circularizaba a las entidades bancarias que habían operado con ciertas compañías, buscando todos los movimientos realizados”. Explicó que se les enviaba al juzgado un listado de operaciones
