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La Fundación Vida viene insistiendo desde hace años con pedidos formales de información respecto de las prácticas de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que se realizan en el hospital
Por Angel D. Morales
El pasado martes 6 de mayo, representantes de la Fundación Vida (FV) volvieron a exigir respuestas ante las autoridades del Hospital de Área El Bolsón por «los abortos fuera del marco legal” y la persistente falta de información oficial, a pesar de contar con una sentencia judicial favorable que ordena a las autoridades sanitarias transparentar los datos.
Erika Fontella, abogada de la organización, y Rauf Felpete, referente de la comunidad musulmana local, asistieron a la reunión junto al sacerdote José “Pepe” Lynch, en busca de un diálogo institucional con la dirección del hospital. Sin embargo, el encuentro terminó en frustración. “Queríamos plantear el tema, pero no era el que ellos querían dialogar”, expresaron ante la prensa, denunciando una actitud de cerrazón por parte de los responsables sanitarios.
La Fundación Vida viene insistiendo desde hace años con pedidos formales de información respecto de las prácticas de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que se realizan en el hospital, amparados en una demanda judicial iniciada en 2024. Fontella recordó que el pedido original había sido impulsado por el entonces sacerdote Fernando Rodríguez y el referente de Culto del municipio, Luis Pérez. Al no obtener respuesta, se presentó un recurso de mandamus ante el Superior Tribunal de Justicia, que finalmente falló a favor de la organización, ordenando al hospital y al Ministerio de Salud de Río Negro brindar los datos solicitados.
No obstante, según la Fundación, hasta el momento no han obtenido la información requerida. “Sentimos que estaban abroquelados en la negación a poder dialogar y de dejar en claro lo que expresamos en los reclamos”, lamentó Felpete.
Uno de los puntos más controversiales del encuentro fue la referencia a un hecho que los referentes calificaron como “muy grave”: un supuesto caso de aborto realizado fuera de los plazos legales, en el que el bebé habría nacido con signos vitales. “Fue abandonado, y lloraba”, recordaron. Ese episodio fue el detonante de la denuncia original de la FV.
Felpete además puso el foco en la dimensión cuantitativa de las prácticas abortivas realizadas en el nosocomio: “Este hospital, en proporción a la cantidad de habitantes, es uno de los que más abortos realiza. No pedimos nombres ni datos personales, pedimos cifras generales que deberían ser públicas”.
Desde el hospital no hubo declaraciones oficiales posteriores al encuentro, aunque los integrantes de la FV reconocieron que las autoridades mencionaron estar en un proceso de “humanización, personalización y apertura” de la atención médica. Pese a ello, para los referentes religiosos, el diálogo quedó trunco ante lo que interpretan como una negativa sistemática a abordar el tema.
En medio de un contexto nacional de fuertes tensiones en torno a la Ley 27.610, que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país, el caso de El Bolsón reaviva el debate sobre los límites entre salud pública, transparencia institucional y libertad de creencias.
