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La decisión subraya la importancia de la transparencia en la gestión pública, aunque también reconoce las limitaciones administrativas enfrentadas por el sistema de salud
El Bolsón, diciembre de 2024. En un fallo de relevancia para el acceso a la información pública, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro resolvió, por unanimidad, hacer lugar parcialmente a una acción judicial presentada por tres ciudadanos, quienes reclamaban la entrega de datos requeridos al Hospital de Área Programa El Bolsón. La decisión subraya la importancia de la transparencia en la gestión pública, aunque también reconoce las limitaciones administrativas enfrentadas por el sistema de salud.
El caso:
La causa, caratulada como «Pérez Luis César y otros s/ Mandamus», fue iniciada el 15 de octubre de 2024 por Raúl Felpete Papa, Luis César Pérez y Fernando Daniel Rodríguez. Los demandantes alegaban que sus solicitudes de información presentadas en agosto de 2023 y mayo de 2024 habían sido ignoradas por el Hospital, en contravención a lo dispuesto por la Constitución Provincial y la Ley B 1829 sobre acceso a la información pública.
Los ciudadanos habían solicitado datos sobre el personal, presupuesto y aplicación de las leyes nacionales 27.610 (Interrupción Voluntaria del Embarazo) y 27.611 (Atención Integral de la Salud durante el Embarazo y Primera Infancia). Según los demandantes, el silencio administrativo vulneraba derechos constitucionales y generaba inquietud en la comunidad, dada la posible falta de cumplimiento de estas normativas en el ámbito hospitalario.
Postura de la defensa:
El Ministerio de Salud, representado por el Fiscal de Estado Adjunto Luciano Minetti Kern y el apoderado Gustavo J. Bronzetti Núñez, argumentó que el volumen de información requerida implicaba una carga administrativa considerable y justificó la demora en términos de escasez de recursos. Además, señaló que no se había negado explícitamente la entrega de información y que cualquier respuesta debía cumplir con normativas de protección de datos personales (Leyes 25.326 y 26.529).
El fallo:
El tribunal, con el juez Ricardo Apcarian como redactor principal, determinó que la acción constituía un mandamiento de ejecución en los términos del artículo 44 de la Constitución Provincial. Reconociendo la demora prolongada y la falta de respuesta a notas registradas formalmente, el fallo ordenó al Ministerio de Salud proporcionar la información requerida en dos de las solicitudes presentadas (agosto de 2023 y mayo de 2024). Sin embargo, desestimó el reclamo vinculado a una tercera nota por carecer de prueba documental de su recepción.
El fallo establece que la información debe ser entregada cumpliendo con las leyes que protegen datos personales y confidenciales, y reafirma el principio de máxima divulgación en el acceso a información pública, considerando este un derecho fundamental en una sociedad democrática.
Impacto:
Esta decisión sienta un precedente importante en la provincia respecto al acceso ciudadano a la información bajo control estatal. Además, expone las tensiones entre la obligación de transparencia y las limitaciones administrativas, en un contexto de crisis sanitaria que ya ha generado controversia en Río Negro por el malestar en el sistema de salud.
El caso también destaca la necesidad de fortalecer los recursos en el sector público para cumplir con los estándares legales de acceso a la información, esencial para el control ciudadano y la rendición de cuentas en la gestión pública.
Los hechos
El pasado mes de julio referentes religiosos de El Bolsón solicitaron mediante nota, informes sobre las interrupciones de embarazo en el Hospital de Área Local, expresando su preocupación por la presunta realización de abortos ilegales en el nosocomio de esta localidad, donde alegaban la existencia de prácticas que no se amparan en la Ley de Aborto Legal y la Ley de los Mil Días, haciendo un llamado a las autoridades para que cumplan con la y brinden información adecuada sobre cómo optar por la vida, sin sesgos ideológicos en el hospital.
Ante la falta de respuestas, se inició la demanda en la justicia con el fin de obtener respuestas y en el mes de septiembre, en ronda prensa dieron a conocer las acciones obtenidas con la creación del grupo «Vida», que tiene por objeto la capacitación sobre la ley de los mil días, además del acompañamiento a las mujeres embarazadas que acepten está alternativa.
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