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De esta manera, la Asociación de Trabajadores del Estado reaccionó con una negativa al pago que la ministra de Seguridad le reclama por el costo de los operativos de seguridad de las marchas que realizaron en diciembre contra el gobierno de Javier Milei.
Tras la intimación por parte del Gobierno a diferentes sindicatos por el pago de los costos del operativo policial en la protesta de las organizaciones obreras a Tribunales, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reaccionó fuertemente con una contraofensiva que incluye el rechazo a la iniciativa de Patricia Bullrich y el envío de una carta documento a la ministra de Seguridad.
Cabe destacar que la Confederación General del Trabajo (CGT) también respondió a la decisión del Gobierno, la cual consideró una «afrenta ilegítima y contraria a la Constitución». En este sentido, pasado el mediodía de este sábado, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, publicó en su cuenta de X (exTwitter): «Señora Patricia Bullrich, acá tiene la respuesta de ATE por los $56 millones. Ahora los que la intimamos somos nosotros», escribió arrobando a la funcionaria y adjuntando la nota que le mandaron por correo.
Y agrega: «Cese en su absurdo, irrazonable e ilegal intento de enriquecerse sin causa. Sus resoluciones son todas nulas. Usted y su Ministerio no cuentan con facultades para perseguir el cobro de cualquier suma de dinero, mucho menos para crear una pena u obligación de pago que en la ley no existe».
«Además, ningún otro órgano del Poder Ejecutivo puede declarar el Derecho de Huelga como ilegítimo. Si no le pone fin a su accionar persecutorio y antisindical, la que terminará siendo denunciada será usted», sostuvo Aguiar.
Cabe destacar que la carta documento en cuestión reza lo siguiente: «En primer término, negamos la existencia de causa u obligación por la cual ATE deba abonar suma alguna, así como que ese Ministerio de Seguridad cuente con facultades para perseguir el cobro de cualquier suma de dinero en concepto de ‘costos operativos’ en el marco de una movilización social, mucho menos para crear una pena u obligación de pago que por ley no existe», dejando en claro la incapacidad de la cartera de Seguridad para efectuar dicha intimación de pago.
