LIMITE42.COM PERIODISMO INDEPENDIENTE!
La ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, firmó el documento dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Educación, Carlos Torrendell
En una movida contundente, la provincia de Río Negro ha enviado una carta documento al Gobierno Nacional exigiendo la transferencia inmediata de los fondos educativos correspondientes. La ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, firmó el documento dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Educación, Carlos Torrendell, estableciendo un plazo de 48 horas para la ejecución de la Ley de Financiamiento Educativo (Ley N° 26.075).
La Ley de Financiamiento Educativo, enmarcada legal y financieramente en el Decreto N° 88/2023, prorroga la ley de presupuesto N° 22701 del mismo período, asegurando la distribución automática de los recursos. Según esta legislación, se establece una asignación específica de recursos coparticipables, equivalente al 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto.
Además, la provincia exige el desembolso de fondos correspondientes al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID- Ley N° 25.053), Conectividad y Material Didáctico. Estos recursos están destinados a mejorar el salario de los docentes y garantizar la calidad educativa.
La carta documento resalta que la falta de financiamiento por parte del Estado Nacional amenaza el ejercicio del derecho a enseñar y aprender, consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, tratados internacionales, y leyes nacionales y provinciales, incluyendo la Ley de Educación Nacional (Ley N° 26.206) y la Ley Orgánica de Educación N° 4819.
La ministra Patricia Campos advierte que, de no recibir una respuesta favorable en el plazo estipulado, se tomarán medidas legales. Además, subraya que la incertidumbre sobre el Incentivo Docente no es la única preocupación; los fondos de la Ley de Financiamiento Educativo son esenciales para el funcionamiento integral del sistema educativo en la provincia.
Esta acción legal pone de manifiesto las tensiones financieras entre las provincias y el Gobierno Nacional, planteando interrogantes sobre la prioridad asignada a la educación en medio de un contexto económico desafiante.
