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OPINIÓN | El estatuto nació para ordenar la profesión pero muchos periodistas lo recuerdan como parte de un sistema burocrático, que nunca resolvió el verdadero problema del oficio: poder vivir del periodismo.
El proyecto de Modernización Laboral impulsado por el gobierno nacional incluye, entre otras reformas, la eliminación del Estatuto del Periodista Profesional. Durante décadas esta normativa reguló la actividad periodística mediante una serie de disposiciones específicas que hoy resultan incompatibles con un modelo moderno de libertad laboral y de expresión.
Uno de los aspectos más controvertidos del estatuto es la exigencia de una matrícula estatal obligatoria para ejercer el periodismo. Se trata de un privilegio difícil de justificar: implica la intervención directa del Estado en la habilitación para trabajar dentro del ámbito de la prensa, afectando especialmente a periodistas independientes que muchas veces realizan su labor con mayor libertad y profesionalismo.
El estatuto también impone límites estrictos sobre la dirección y composición de los medios. Por ejemplo, prohíbe que un extranjero dirija un medio de comunicación y establece que cada redacción solo puede contar con un máximo del 10% de trabajadores extranjeros. Este tipo de disposiciones crea barreras innecesarias a la participación internacional dentro del ecosistema informativo, restringiendo tanto el acceso como la diversidad profesional en el sector.
Otro punto central es la regulación sobre la contratación de nuevos trabajadores. La normativa prohíbe incorporar aspirantes —personas que se inician en el periodismo— sin respetar una proporción obligatoria de un aspirante por cada ocho redactores. Esta exigencia, lejos de facilitar el ingreso de nuevos profesionales, termina limitando las posibilidades de quienes buscan comenzar su carrera en los medios.
Asimismo, el estatuto contempla la fijación estatal de sueldos, un mecanismo que implica la intervención directa del Estado en la determinación de las remuneraciones dentro del sector periodístico. En la misma línea, habilita al Estado a intervenir en la contabilidad y los balances de los medios de comunicación. Todo ello configura una intromisión difícil de conciliar con la libertad de expresión y con el derecho individual del periodista a ejercer su profesión.
Estoy jubilado y quizás a destiempo pero, sin embargo, cualquier discusión sobre estas normas quedaría incompleta si no se explica qué significa realmente lo que fue ejercer el periodismo y vivir de la profesión.
En mis años como periodista, muchas de esas disposiciones “legales” terminaban siendo, paradójicamente, un obstáculo para poder ingresar a una planta permanente dentro de un medio. Durante años uno quedaba atrapado en la categoría de reportero, la más baja del escalafón, esperando que alguna jubilación liberara un puesto que permitiera mover los ascensos dentro de la redacción.
Mientras tanto, por el mismo sueldo —o por uno apenas superior— el reportero hacía de todo: redactaba, componía, diagramaba y hasta participaba en el cierre de página, tareas que los viejos periodistas conocen bien.
Cada año había que pasar por el Ministerio de Trabajo para renovar el carné o matrícula de periodista, un trámite cargado de requisitos burocráticos que podía llevar semanas completar. Todo para tener un documento al día que, en los años de gobiernos de facto, de poco servía.
Las remuneraciones nunca fueron buenas. Tanto que, para poder vivir del oficio, muchos periodistas recorríamos edificios y redacciones de diarios como La Razón, La Prensa, La Nación y distintas editoriales de revistas, intentando sumar algunos pesos más como “colaboradores”, una de las categorías más precarias del mundo de la prensa.
Otra variante era trabajar como free lance: apostar a la propia capacidad de investigación, seguir un tema de actualidad y esperar que una primicia o una buena nota despertara el interés de algún medio. Si eso ocurría, podías convertirte en “colaborador permanente” y recién entonces tener cierta libertad para entrar a una redacción sin que te controlaran hasta el último detalle en la puerta del edificio.
Los pagos, claro, llegaban tarde y muchas veces nunca. Pero la “chapa” de periodista servía para algo: podías ser agente de prensa de algún artista, colaborar con programas de televisión o acercarte al mundo de la política, donde al menos aparecían algunos ingresos extra y —no pocas veces— alguna comida o copa gratis en reuniones importantes.
El problema se vuelve más serio cuando el periodista decide formar una familia. Entonces se hace evidente que no hay dinero que alcance ni cuerpo que aguante entre las exigencias del hogar y la precariedad del trabajo.
Todo esto ocurría en la Capital Federal —hoy CABA—. En el interior del país la situación suele ser todavía más difícil. Es un error pensar que los medios provinciales funcionan como los grandes diarios de Buenos Aires.
En muchas provincias simplemente no hay dónde trabajar. Y cuando aparece algún espacio, muchas veces ni siquiera existe un sueldo formal. Los convenios colectivos rara vez se aplican de manera real fuera de los grandes centros urbanos: en el interior casi nunca hay categorías claras ni escalas salariales.
En ese contexto, vivir del periodismo suele significar tener un espacio en radio, salir a vender publicidad y terminar convertido en corredor publicitario. Eso deja poco margen para producir contenidos propios o ejercer el periodismo con verdadera independencia. Siempre hay intereses vigilando qué se dice y qué no.
De allí nace muchas veces la lectura distorsionada de la realidad local y de la información que circula en los medios.
Tampoco ayuda demasiado el rol del gremio. La Federación de Trabajadores de Prensa (FatPren) rara vez mueve el amperímetro frente a estos problemas, especialmente cuando está integrada por dirigentes que pocas veces conocen de cerca la realidad cotidiana de un trabajador de medios.
Con el paso del tiempo, además, la política fue impregnando cada vez más los contenidos mediáticos. La ideologización terminó desplazando a muchos periodistas de raza que buscaban sostener cierta objetividad. Hoy, en muchos casos, lo que define la supervivencia de un medio no es el sueldo sino la pauta.
Así, en numerosos gobiernos municipales y provinciales, el periodista termina acomodándose a la bandera política que mejor le permita ganarse la vida dentro de alguna oficina de comunicación.
Por todo esto, considero positivo terminar con ese monopolio estatal.
Que las empresas se hagan responsables de su personal.
Que paguen sueldos de acuerdo con el mérito, la capacidad y el trabajo real.
En otra oportunidad hablaré de grandes intelectuales con quienes tuve el privilegio de trabajar —muchos de ellos autores de libros importantes— que, sin embargo, cobraban en los diarios el sueldo correspondiente a la categoría más baja.
De allí nació una frase que todavía circula en las redacciones:
“Ser periodista es morirse de hambre, pero sigue siendo la mejor profesión del mundo.”
