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En el lugar había 14 hembras, 4 se encontraban preñadas; 2 machos y 4 cachorros, sin comida ni agua y con signos de «explotación sexual permanente y sistemática».
En el marco de una denuncia por maltrato animal, la Justicia porteña clausuró un criadero ilegal y rescataron a 20 perros que estaban hacinados en una casa, ubicado en el barrio porteño de Villa Luro.
El investigación a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), dependiente del fiscal Carlos Fel Rolero Santurian, se inició a partir de la denuncia realizada por una vecina del lugar, que indicó la modalidad de venta de perros por redes sociales y por WhatsApp, por valores, que se pudo comprobar, eran de más de 1 millón de pesos.
Luego de diversos informes se pudo identificar al domicilio, ubicado en Yerbal al 6000, y se realizaron diferentes relevamientos y tareas de campo previas que confirmaron la actividad ilegal. Por tal motivo, la UFEMA solicitó un allanamiento, que fue autorizado por el juez José Beguelin, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Primera Instancia N°2.
En el procedimiento, realizado por División Delitos Ambientales y de la División Canes de la Policía de la Ciudad, junto al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, médicos veterinarios de la Dirección General de Canes y Felinos Domésticos y de la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontraron 20 perros de raza Schnauzer miniatura (14 hembras, 4 se encontraban preñadas; 2 machos y 4 cachorros).
En cuanto a las condiciones del lugar, se constató la falta de higiene, como así también de cuidados básicos, ya que no tenían comida ni agua a disposición. En tanto, los veterinarios establecieron que los animales se encontraban en situación de riesgo, con claros signos de crueldad, principalmente los cachorros, presumiéndose maniobras abusivas como el corte de cuerdas vocales y a la explotación sexual permanente y sistemática.
Por tales hechos, se ordenó el rescate de todos los animales, que fueron entregados a distintas ONG y proteccionistas que participaron del operativo; y se dispuso la clausura inmediata y preventiva de la actividad del criadero, labrándose actas por actividad económica no autorizada y por tenencia irregular de animales vivos.
Finalmente, el fiscal Rolero imputó al responsable del criadero ilegal como autor responsable del delito de «actos de crueldad animal» (art. 3 inciso 7° de la Ley Nacional N° 14.346), y en el art. 206 del Código Penal, consistente en violar las normas de policía sanitaria animal local.
