El Poder Legislativo en Río Negro se ha convertido en un refugio para los dirigentes políticos que han perdido elecciones o se han quedado sin puestos en otras administraciones
A pesar de que la planta de personal de la Legislatura no ha mostrado variaciones significativas entre 2019 y 2023, la composición de su planta política revela datos singulares y llamativos que merecen atención y análisis.
Un análisis de la nómina, compuesta por más de 800 sueldos pagados por el Poder Legislativo provincial, muestra que el parlamento ha sido un refugio para una amplia lista de dirigentes políticos derrotados o desplazados. Esta situación es un reflejo de una problemática que se extiende a 9 de cada 10 provincias argentinas, donde se ocultan datos sobre contrataciones de personal o manejo de fondos, como lo evidencia la investigación de Ruido y Poder Ciudadano en su informe «Legislaturas secretas: casi 90% de las provincias ocultan datos».
En Río Negro, los 46 legisladores provinciales trabajan en una estructura unicameral que requiere una doble vuelta para la aprobación de los proyectos de ley, salvo aquellos que provienen del Poder Ejecutivo con acuerdo de los ministros. Sin embargo, el promedio de 18 empleados por legislador entre 2019 y 2023, bajo las administraciones de Arabela Carreras y Alejandro Palmieri, revela que aproximadamente el 40% de los sueldos corresponden a designaciones políticas. En marzo de 2023, por ejemplo, había 313 «auxiliares legislativos», denominación formal para los asesores, que no forman parte de la planta permanente.
La lista de nombramientos políticos es extensa y notable. Entre los nombres destacados está el exministro nacional radical Daniel Sartor, quien ha estado en la planta temporaria de la Legislatura por 10 años. También figuran exintendentes como Sabina Costa de Allen, y exministros provinciales como Mercedes Jara Tracchia. La Secretaría Administrativa de la Legislatura se ha convertido en un destino común para estos exfuncionarios.
Además, los exlegisladores que no lograron reelección han encontrado refugio en la misma Legislatura. Nombres como Oscar Díaz, Aníbal Hernández, Fernando Grandoso, y otros, continúan dentro del ámbito legislativo bajo distintas designaciones.
El caso de los apellidos repetidos en la nómina legislativa también merece mención. Ejemplos claros son Juan Carlos Johnston, asesor del bloque de Juntos Somos Río Negro, y su posible relación con Carlos Johnston, exintendente de Catriel. Asimismo, la hermana del legislador peronista José Luis Berros, Azul Berros, también ocupa un lugar entre los asesores.
Este fenómeno plantea serias preguntas sobre la transparencia y la eficiencia del uso de los recursos públicos en la Legislatura de Río Negro. La tendencia a utilizar el parlamento como refugio político no solo cuestiona la ética de estas prácticas, sino que también subraya la necesidad de una reforma que garantice una mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de fondos y la contratación de personal en las legislaturas provinciales.
El informe de Ruido y Poder Ciudadano es un llamado de atención para que se tomen medidas concretas que aseguren una administración más justa y transparente de los recursos públicos, promoviendo la confianza y la credibilidad en nuestras instituciones democráticas.