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La Fiscalía llevó a audiencia de control de detención a un hombre que incumplió la medida de prohibición de acercamiento dictada por el juzgado de familia.
A pedido de la fiscal, se dispuso su prisión preventiva por un plazo de 30 días. El imputado desobedeció de manera sistemática las órdenes judiciales que le prohibían acercarse a su expareja. La medida, solicitada por la fiscal Débora Barrionuevo, busca proteger a la víctima ante el elevado riesgo detectado por los equipos profesionales.
La fiscalía formalizó la investigación por tres hechos diferentes de violación de domicilio y desobediencia judicial. Según se expuso en la audiencia, el imputado habría ingresado a la vivienda de la víctima en febrero y, más recientemente, en dos ocasiones durante la misma jornada del pasado 22 de marzo.
En el último de los incidentes, el sujeto fue detenido en flagrancia por personal policial tras un llamado de emergencia de la mujer, quien advirtió que el agresor se encontraba nuevamente dentro de su casa pese a tener vigente una exclusión del hogar y una prohibición de contacto.
Riesgo alto y protección de la víctima
Uno de los puntos determinantes para la decisión judicial fue el informe del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAV). El análisis técnico arrojó un riesgo alto para la mujer, detallando que esta vive en un estado de «hipervigilancia» y temor constante, especialmente durante las noches.
La fiscalía argumentó que la libertad del imputado representaba un peligro de entorpecimiento para la investigación, dada la influencia y el temor que ejerce sobre la víctima, además de la alta probabilidad de que volviera a cometer nuevos delitos de la misma naturaleza.
La resolución judicial
La resolución judicial destaca que se trata de una situación de violencia de género donde el acusado ha demostrado una «falta de voluntad» para someterse a los límites impuestos por la justicia, habiendo desobedecido órdenes de distintos jueces en tres oportunidades consecutivas.
Aunque la defensa se opuso solicitando medidas menos restrictivas, el juez la resolución consideró que la prisión preventiva es razonable, necesaria y legal dadas las circunstancias del caso. El imputado permanecerá alojado en una comisaría, aunque la medida podría ser revisada si se logra implementar un dispositivo de tobillera electrónica para controlar sus movimientos de forma remota.
