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Se trata de una nueva denuncia en contra de la diputada de LLA, en este caso por un desarrollo inmobiliario que tenía en la costera villa rionegrina de Las Grutas
Lorena Villaverde, diputada de La Libertad Avanza y figura política controvertida, ha vuelto al foco judicial en relación con sus emprendimientos privados. Esta vez, Villaverde ha conseguido frenar una demanda civil millonaria en su contra mediante un acuerdo extrajudicial de 12 millones de pesos, relacionado con el cuestionado proyecto inmobiliario “Tajamar”, situado en la costera villa de Las Grutas.
El desarrollo en cuestión ha sido objeto de denuncias por presuntas irregularidades en la venta de terrenos sin las habilitaciones correspondientes. Las quejas de los compradores se enfocan en la ausencia de permisos municipales para uso habitacional, debido a que el área aún está catalogada como zona rural y no cuenta con servicios adecuados.
En el marco de la investigación judicial, las partes alcanzaron una instancia de mediación, donde se pactó que Villaverde pagaría 12 millones de pesos como indemnización integral para evitar una demanda formal por daños y perjuicios. La jueza Vanessa Kozaczuk, a cargo del Juzgado de San Antonio Oeste, detalló los términos del acuerdo: “El monto se abonará en dos cuotas iguales y consecutivas de 6 millones de pesos cada una. La primera cuota deberá abonarse dentro de los tres días hábiles tras la homologación del acuerdo, y la segunda, en un plazo de 30 días”.
Además del resarcimiento económico, se acordó que la parte demandante podrá retirar las chapas del techo de una construcción situada en el terreno de Villaverde o recibir materiales de valor equivalente. Una vez completado este paso, Villaverde podrá tomar posesión definitiva del inmueble, que actualmente presenta ciertas mejoras edilicias.
Este caso marca un nuevo episodio en las controversias que rodean a Villaverde, quien argumentó que el proyecto Tajamar se vio afectado por la pandemia, lo que habría generado demoras y dificultades administrativas en los trámites de habilitación. No obstante, las demandas se han mantenido ante la falta de regularización y la insuficiencia de servicios en el loteo, lo que sigue siendo un punto de fricción con los compradores afectados.
Este no es el primer enfrentamiento legal de Villaverde, quien enfrenta críticas sobre el manejo de sus emprendimientos y las soluciones monetarias que ofrece para zanjar problemas judiciales. La situación evidencia el trasfondo complejo y la falta de transparencia en los desarrollos inmobiliarios de la región, situación que sigue alimentando la desconfianza hacia los proyectos liderados por figuras políticas.
