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La CGT irá a fondo para bloquear la reforma laboral de Javier Milei. Así se lo hizo saber al Gobierno el dirigente Gerardo Martínez, el representante de la central sindical en las deliberaciones del Consejo de Mayo, tras el último borrador de la iniciativa que la Casa Rosada oficializó este martes en la reunión de la comisión técnica de ese organismo, del que también participan representantes de los gobernadores, del Congreso y del sector empresario.
El argumento cegetista es unívoco: «No hay ningún acuerdo posible porque es una reedición del capítulo laboral del decreto 70/23 que ya impugnamos en la Justicia», advirtió contundente el propio Martínez ante Clarín. «Vamos a una guerra total, no hay posibilidad de recortar derechos», definen en la cúpula de la central obrera sobre la postura que -ya anticipan- asumirán en la disputa con el Gobierno por los cambios en la legislación laboral.
El titular de la UOCRA, en su condición de único representante sindical en el Consejo, hizo llegar en los últimos días a sus pares cegetistas un documento en el que sintetiza el espíritu central frente del proyecto de cambios laborales que pretende llevar adelante la administración de Javier Milei, y que constituye una de las reformas principales sobre las que el Presidente pedirá en la reunión de este jueves el apoyo de los gobernadores para su sanción en el Congreso.
Los sindicalistas advierten que están decididos a ir a fondo en la defensa de sus intereses y ya definieron los ejes de su estrategia: recrear la red de aliados parlamentarios que les permitió el año pasado contener el ímpetu reformista libertario, a la par de fortalecer la acción sindical con paros y movilizaciones y volver a Tribunales para bloquear la iniciativa del Gobierno.
«La pretendida reforma laboral que impulsa el Gobierno como solución a todos los males que acumula el país en materia económica no es más que la ratificación del decreto 70/23 en su capítulo laboral, decisión inconsulta y que fuera oportunamente rechazado por la CGT y judicializado con éxito por nuestra central», expresa el texto que Martínez distribuyó al resto del consejo directivo de la entidad como conclusión de las negociaciones en el marco del Consejo de Mayo.
En ese sentido, para la CGT se trata de una reforma regresiva en materia de derechos, alejada de cualquier modelo productivo y con un claro objetivo de limitar a la mínima expresión la negociación colectiva. «No somos dogmáticos ni obstruccionistas. La evidencia muestra que ningún país crece y se desarrolla empobreciendo a sus trabajadores. Cada vez que se intentó avanzar contra los derechos laborales el resultado fue el mismo: mas precariedad, desigualdad y mas exclusión», señala al respecto el documento de Martínez.
Apunta, además, contra el recorte de derechos laborales y la limitación a la negociación salarial en paritarias. «El tan mentado “costo argentino” se debe al mal manejo de la política económica, tributaria y cambiaria. El salario no tiene incumbencia en eso», sostiene la CGT e insiste en la defensa del libre ejercicio de la negociación colectiva como «garantía de un dialogo social efectivo e institucionalizado que es la llave maestra para lograr el desarrollo».
El nuevo marco laboral que alienta la Casa Rosada, por impulso del ala más dura que lidera el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, reedita los puntos centrales del decreto 70/23 en el apartado vinculado al mundo del trabajo, promoviendo modificaciones profundas en el esquema de negociación colectiva y los respectivos convenios, en el vigente sistema de indemnizaciones, plantea la discusión de aumentos salariales por productividad y medidas destinadas a reducir la litigiosidad laboral, estableciendo nuevas limitaciones al derecho a huelga, además de golpear fuertemente sobre la caja de recaudación de los sindicatos.
Como anticipó Clarín, uno de los lineamientos centrales del proyecto oficial plantea darle prioridad a la negociación paritaria por empresa, por encima del convenio colectivo. Actualmente existen acuerdos por empresa, pero lo que prevalece jurídicamente es el convenio general de la actividad. La idea del Ejecutivo es que pueda haber diferenciación por tamaño de empresa.
Otro de los aspectos alentados en la iniciativa supone el fin de la denominada «ultra-actividad», por la cual los convenios colectivos de trabajo tienen vigencia en continuado, sin necesidad de ratificación, hasta tanto no haya un cambio consensuado específico.
En paralelo, se incorpora el concepto de «salario dinámico», lo que implica que las empresas puedan «premiar» a los empleados de manera particular con incrementos más elevados según distintos criterios de productividad o mérito del trabajador que el Poder Ejecutivo aún no detalló. «Se pretende habilitar la negociación desigual entre empleador y trabajadores sin la debida participación sindical, habilitando salarios a la baja», denunció la CGT sobre ese punto.
En materia de derechos individuales, una de las principales modificaciones es la imposición de un tope equivalente a 10 sueldos en las indemnizaciones y el pago en cuotas de las mismas, en cuyo calculo dejarían de considerarse, además, el aguinaldo, adicionales u otros pagos semestrales y anuales. Incluso se plantea el regreso del pago de una parte de los salarios con ticket canasta o vales alimentarios pese a que fueron eliminados por la denominada Ley Recalde y rechazados por la Corte Suprema de Justicia.
También se habilita a desregular la jornada laboral mediante negociación colectiva, con la única limitación de 12 horas de descanso entre una y otra jornada, en un esquema similar al denominado «banco de horas».
A su vez, en un fuerte golpe a las cajas de los gremios, se impulsa el vencimiento del pago de cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores. De esa manera, los descuentos salariales efectuados a los empleados por acuerdo entre las empresas y los gremios no serán renovados indefinidamente, sino que deberán ser acordados en cada ocasión.
Por otra parte y pese a los fallos judiciales en contra, la reforma que alienta el Gobierno vuelve a la carga con la restricción al derecho a huelga al establecer la exigencia de una cobertura mínima de 75% en los servicios esenciales, donde se incluye a la salud y la educación, y una cobertura del 50% en una nueva categoría que denomina «actividades o servicios de importancia trascendental», donde se incorporaran múltiples sectores, desde transporte, diversas ramas industriales, bancarios, gastronómicos, producción de alimentos y hasta los servicios de radio y televisión.
