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Gustavo Gómez es Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, en Argentina y entre otras causas, se especializa en investigar delitos ambientales.
Ambientalista jurídico que vive en el mundo de los amparos contra la exploración sísmica, la explotación petrolera y minera, entre sentencias y procedimientos por el impacto ambiental originados en muchas provincias que producen daños contra la naturaleza. Pero “enseñando a los ciudadanos a hacer una denuncia penal ambiental”, resalta.
“Enseñar cómo es un procedimiento penal federal y cómo trabajarlo; enseñar a defenderse de la represión policial, enseñarle cómo se hace un Habeas Corpus y también, sobre todo, enseñarles que no es necesario tener abogado para poder defenderse y hacer denuncias penales”, señala el profesional en esta entrevista con Limite42 Noticias Radio On Line.
Gustavo Gómez, antes de radicarse en la provincia de Tucumán, fue durante quince años Fiscal Federal de la provincia de Chubut, región patagónica a la que no le son ajenas las causas del repositorio en Gastre, la explotación minera a cielo abierto en la meseta central de la provincia, y la situación de Lago Escondido, que en Río Negro es materia de conflictos jurídicos desde su concepción.
Gómez tiene una larga trayectoria en temas de derecho penal ambiental y una larga experiencia en la persecución de delitos ambientales. Aquí repasa la legislación existente en nuestro país y en América Latina, además de la importancia necesaria del involucramiento de la ciudadanía como querellante para llevar adelante causas penales por este tipo de delitos.
Vive en Tucumán y viaja mucho por las provincias brindando capacitación y defendiendo causas relacionadas que atentan contra el medio ambiente, donde hubo procesados por delitos de contaminación ambiental, directores de muchas empresas, entre ellas, La Alumbrera, empresa minera en Catamarca que tuvo que cerrar, que invirtió por entonces unos seis mil millones de dólares: “Era una empresa que consumía cinco millones de litros de agua por hora y la energía era comparable con la ciudad de La Plata”, dice Gómez.
El caso de la Banda del Rio Salí, sobre la existencia de Gómez tiene una larga trayectoria en temas de derecho penal ambiental y una larga experiencia en la persecución de delitos ambientales. Aquí repasa la legislación existente en nuestro país y en América Latina, además de la importancia necesaria del involucramiento de la ciudadanía como querellante para llevar adelante causas penales por este tipo de delitos.
Vive en Tucumán y viaja mucho por las provincias brindando capacitación y defendiendo causas relacionadas que atentan contra el medio ambiente, donde hubo procesados por delitos de contaminación ambiental, directores de muchas empresas, entre ellas, La Alumbrera, empresa minera en Catamarca que tuvo que cerrar, que invirtió por entonces unos seis mil millones de dólares: “Era una empresa que consumía cinco millones de litros de agua por hora y la energía era comparable con la ciudad de La Plata”, dice Gómez.
dos vaciaderos clandestinos de basura ubicados al margen del río, en los que se depositan residuos contaminantes del medio ambiente, fue causo para que el intendente tucumano de esa ciudad, Jorge Monteros, prestara declaración indagatoria por el delito de contaminación ambiental ante el juez Federal Nro 1.
Para el fiscal Gomez un delito ambiental es todo hecho de contaminación al medio ambiente por encima de los niveles permitidos por la ley. En Argentina rige la Ley 24.051, que establece límites máximos de tolerancia para la contaminación y considera toda la gama de posibilidades y de actividades que pueden contaminar, y en esas proporciones, si uno las supera, comete un delito ambiental. Una frase de Gustavo Gómez, sentencia a este tipo de delitos: “Detrás de cada delito ambiental, siempre hay un funcionario público corrupto”.
