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La administración norteamericana, mediante una Orden Ejecutiva del Presidente Trump, ha comenzado lo que considera una operación antinarcos y antiterrorista en el Caribe Sur.
Nicolás Maduro es un «objetivo legitimo» según esta distinción, por eso previamente a su «captura o derribo» se siguieron pasos estrictos: una sentencia de un juez federal de Manhattan, una calificación de «riesgo de seguridad nacional» y la expresa aclaración que el dictador «no es el presidente legitimo de Venezuela sino el líder del Cartel Los Soles».
Para ingresar al territorio donde el «target» está escondido alcanza con la «autorización» de Edmundo Gonzalez Urrutia, presidente electo al que no se le permitió asumir.
En 1989 ocurrió lo propio en Panamá y la autorización de ingreso la dio Guillermo Endara (quien había ganado las elecciones y Noriega le impidió tomar el poder).
Pero más acá en el tiempo la doctrina jurídica aplicada a la operación «Lanza de Neptuno».
El 2 de mayo de 2011 en Abbottabad, Pakistán, el Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial (SEAL) cumplió la EO de Barak Obama y mató a Osama bin Laden.
Para la operación en curso, referida a Maduro, se ha seguido el mismo tramite judicial y administrativo del caso del líder de Al Qaeda.
La parte clave operativa estará a cargo, nuevamente, del grupo SEAL, embarcados en el Iwo Jima.
