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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó el decreto que desvinculó a la exministra Cecilia Torres Otarola, quien estuvo a cargo de la cartera de Familia y Desarrollo Social durante la gestión de Mariano Arcioni y fue recientemente condenada en el marco de la causa «Ñoquis Calientes» por contrataciones irregulares en el Estado provincial.
«Como dijimos desde el primer día de gobierno, no vamos a permitir que ningún condenado por corrupción sea parte el Estado», afirmó el gobernador Torres. Otarola fue condenada a 2 años y ocho meses de prisión por defraudación al erario público, por la contratación de empleados fantasma. Además, tiene inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Con el decreto, que también lleva la firma del ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, la exfuncionaria quedó desvinculada de manera definitiva de la administración pública de Chubut. «No es solo un acto de justicia, sino una deuda saldada con los principales perjudicados por su accionar: todos los chubutenses», expresó Torres.
El texto oficial, que se basó en lo resuelto por un sumario administrativo y en lo dispuesto por normas del Convenio Colectivo de Salud y de la Ley I N° 74, sostiene que todo funcionario debe contar con idoneidad técnica y moral para desempeñarse en la función pública.
El decreto subraya que los hechos acreditados en el expediente penal y la condición de funcionaria pública de la exministra «afectaron de manera grave la imagen del Estado provincial y del sistema de salud en particular». Con la firma del decreto, la exfuncionaria quedó desvinculada de manera definitiva de la administración pública de Chubut.
Cecilia Torres Otarola fue condenada junto a otros cuatro funcionarios por montar una red de empleados públicos que no cumplían con funciones y cobraban igual. Se trata de la primera vez que una causa en la provincia patagónica termina en un veredicto de culpabilidad de empleados del Estado que no cumplieron con las tareas para las que fueron contratados.
Rodríguez, titular de la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública, consideró que Torres Otarola cometió delitos con la finalidad de obtener un “rédito propio”. La causa es conocida como «ñoquis calientes», en referencia a las falsas contrataciones investigadas.
El fiscal también puso énfasis en que la ex funcionaria chubutense provocó con su accionar un “daño inmaterial, a la moral, a la imagen y confianza hacia las instituciones” y por eso reclamó, además, que sea inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos.
La condena a Torres Otarola fue firmada por la jueza Marcela Pérez Bogado y sus vocales, José Luis Ennis y Carlos Richeri. Allí se determinó que la ex funcionaria es culpable de cuatro hechos de fraude a la administración pública y tres hechos de exacciones ilegales, es decir, la exigencia indebida de un retorno de parte del sueldo a los asesores fantasma.
