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La Fiscalía chilena llamó a declaración al ex presidente Sebastián Piñera como eventual responsable de violaciones a los derechos humanos durante la represión de las protestas del estallido social de 2019.
La Fiscalía chilena citó al expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) a declarar como eventual responsable de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión de las protestas del estallido social de 2019, que dejó numerosas víctimas, informaron este viernes medios locales.
«El ex presidente Sebastián Piñera tiene fijada su comparecencia ante la Fiscalía en los próximos días en calidad de imputado», consignó el Ministerio Público al diario capitalino La Tercera.
Además, comparecerán las autoridades de Gobierno que acompañaron al exmandatario de derecha en sus decisiones, como los exministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, y los exsubsecretarios de la misma cartera, Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli.
Frente a esta convocatoria, el abogado de Piñera, Samuel Donoso, dijo que tanto él como su cliente tienen «la tranquilidad y convicción de que en el actuar (del imputado) siempre se buscó compatibilizar el resguardo del orden público y seguridad ciudadana con el respeto a los derechos humanos de todos». Argumentó que, «en consecuencia, no se configura delito alguno, pues su actuar obedeció al correcto cumplimiento de sus funciones».
Durante las protestas, el Ejecutivo ordenó una represión a cargo de Carabineros (policía militarizada), Policía de Investigaciones (policía civil) y las tres ramas de las Fuerzas Armadas, lo que derivó en una serie de violaciones a los derechos humanos.
Estas vulneraciones fueron confirmadas por distintos entes internacionales que enviaron observadores al país, como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las ONGs Rights Human Watch y Amnistía Internacional, reseñó la agencia de noticias Sputnik.
El estallido social en Chile
El estallido social comenzó el 18 de octubre de 2019 y se extendió hasta el 18 de marzo de 2020. Dejó 34 muertos, según cifras oficiales, aunque la oposición y organismos de derechos humanos consideran que fueron muchos más. Además, cerca de 4.000 personas tuvieron que ser hospitalizadas y hubo centenares de detenidos.
