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A dieciséis años de su sanción, la Ley Nacional de Salud Mental está a un paso de cambiar. Después de meses de debate en comisión, La Libertad Avanza consiguió el jueves a la noche la firma del dictamen de mayoría en el Senado gracias a un acuerdo con bloques aliados, y la reforma será tratada en el recinto en la sesión del 22 de octubre.
El proyecto, que el Poder Ejecutivo envió al Senado en abril, no deroga la Ley 26.657 sino que la modifica, y su eje es la internación involuntaria. Hoy solo puede indicarse ante un «riesgo cierto e inminente», una fórmula que en las guardias suele interpretarse como un peligro del «aquí y ahora». La reforma elimina ese requisito y lo reemplaza por el de «riesgo grave de daño para la vida o la integridad física» de la persona o de terceros.
«Acá hemos incorporado este concepto como central: la actitud preventiva y no el peligro inminente», resumió la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que presentó los cambios junto a las presidentas de las comisiones de Salud y de Legislación General, Ivanna Arrascaeta y Nadia Márquez.
En la práctica, los profesionales podrán indicar una internación evaluando conductas que anticipen un daño, los antecedentes del paciente y las consecuencias de no internarlo, sin esperar a que el peligro sea inmediato. La decisión no quedará en manos de una sola persona: deberá firmarla un médico, preferentemente psiquiatra, junto con otro profesional, preferentemente psicólogo, y notificarse a la Justicia, que podrá pedir informes, ordenar peritajes o intervenir si hay controversias.
La reforma introduce otros cambios. Reemplaza la expresión «padecimiento mental» por «afección o trastorno de salud mental», extiende de 10 a 24 horas el plazo para avisar a la Justicia y exige una evaluación interdisciplinaria antes del alta. Las adicciones siguen dentro del campo de la salud mental, ahora con la ludopatía incluida, y se suman un plan de egreso con seguimiento y las directivas anticipadas, que permiten a cada persona dejar asentado qué tratamientos acepta o rechaza.
El acuerdo con los aliados también modificó el texto original. A pedido de senadores de distintos bloques y de ministros provinciales del Consejo Federal de Salud, se mantendrá la prohibición de los manicomios vigente desde 2010. Además, la referencia genérica a «parientes» que podían pedir una internación quedó limitada a padres, hijos, cónyuges, convivientes y representantes legales.
Entre los especialistas, la reforma genera apoyos con matices. Para Oscar Abudara Bini, médico, psicoanalista forense y perito psiquiatra, el nuevo modelo «tiene la impronta de volver a la decisión del psiquiatra». Según explica, con la ley vigente había que consensuar con demasiados profesionales y eso generaba «muchísima burocracia» y «una enorme lentitud» en casos graves. Otros psiquiatras celebran que el médico recupere el centro de la escena, pero advierten sobre el riesgo de que se multipliquen las «internaciones por las dudas».
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