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La Libertad Avanza acordó con bloques aliados un cronograma para tratar el Presupuesto 2027 en Diputados. El oficialismo intentará obtener dictamen en comisión el martes 17 de noviembre y debatir el proyecto en el recinto el miércoles 25. La fecha quedó supeditada a que reúna las firmas necesarias y sostenga el entendimiento con los espacios dialoguistas, que habían pedido cambios a la propuesta.
En la negociación, el Gobierno aceptó varios planteos del PRO, incluidos reclamos relacionados con los recursos que pide la administración porteña y la continuidad de incentivos para la industria automotriz y autopartista. El bloque confirmó que el texto incorporará la prórroga de dos leyes de promoción del sector, con beneficios que permitirían a las empresas acceder a ese esquema hasta 2032. Desde Argentina Federal, en cambio, reclamaron más fondos para ciencia, universidades y prestaciones para personas con discapacidad; la nota no da por aceptados esos pedidos.
La discusión del presupuesto coincidió con las diferencias por el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que el oficialismo busca tratar en la sesión prevista para el 18 de noviembre junto con una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Aunque la iniciativa ya tiene dictamen de mayoría, bloques dialoguistas pidieron cambios. Karina Banfi reclamó quitar el capítulo sobre procesos electorales, que modifica normas electorales y penales; La Libertad Avanza propuso ajustes, pero rechazó eliminarlo por completo. Para aprobar cambios electorales se necesitan 129 votos afirmativos.
Uno de los puntos controvertidos es la figura de campaña de injerencia extranjera, que reemplazaría la referencia a campañas coordinadas de desinformación masiva. La redacción contempla acciones clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas que oculten su vínculo con un agente extranjero, y excluye expresamente actividades diplomáticas, periodísticas, académicas y de representación abierta de intereses. Se mantendría una pena de cinco a 12 años de prisión. Los aliados objetan la precisión de la figura y advierten sobre posibles efectos en la libertad de expresión y las dificultades para probar la intención y el vínculo con agentes extranjeros.
También hubo reclamos para que el Presupuesto incluya fondos suficientes para las prestaciones de discapacidad. La discusión se vincula con un proyecto de financiamiento permanente que ya obtuvo media sanción en Diputados y dictamen en el Senado. La iniciativa, según la fuente, prevé mecanismos de control, un cronograma para regularizar deudas con prestadores y la continuidad de prestaciones y programas. Los bloques que plantearon la exigencia condicionaron su apoyo al presupuesto a que se contemplen los recursos necesarios; el tratamiento del proyecto en la Cámara alta aún estaba pendiente.
