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El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas terminó su calendario ordinario de sesiones sin tratar el planteo presentado por los abogados de Cristina Kirchner ni emitir un dictamen. El reclamo busca revertir aspectos de la condena que, entre otras consecuencias, la dejó inhabilitada para ejercer cargos públicos y fuera del padrón electoral. La próxima sesión ordinaria está prevista para el primer trimestre del año que viene, por lo que no hay una fecha confirmada para que el organismo examine el fondo de la presentación.
La defensa acompañó su reclamo con tres solicitudes cautelares vinculadas con el derecho a votar y ser elegida, el juicio justo y la revisión de la condena. Según el planteo, la inhabilitación perpetua restringe de manera ilegítima los derechos políticos de la ex presidenta. Los abogados también cuestionan la actuación de los tribunales y sostienen que no hubo una revisión suficiente de los argumentos presentados durante el proceso.
El equipo legal afirma que la vía judicial argentina quedó cerrada el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema resolvió sobre la condena. Sin embargo, la presentación ante el Comité no constituye una instancia adicional de apelación: el organismo supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, según la información consignada, no puede revocar una sentencia de la Justicia argentina.
La condena en la causa Vialidad fue confirmada por la Corte Suprema e incluye seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La defensa cuestiona, entre otros puntos, la imparcialidad de los tribunales, la asignación de expedientes y el alcance de la revisión judicial. Esos señalamientos corresponden a los argumentos de los abogados y no a conclusiones del Comité, que todavía no analizó el caso.
El procedimiento prevé que el Estado presente observaciones sobre la admisibilidad y el fondo, y que luego la defensa pueda responder. El artículo señala que ese trámite suele extenderse entre dos y tres años. Mientras tanto, los abogados sostienen que las medidas cautelares podrían ser consideradas en cualquier momento; entre sus objetivos mencionan suspender la inhabilitación y modificar aspectos de la situación de prisión domiciliaria.
