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El Gobierno descontará el día a los empleados de la Administración Pública Nacional que adhieran al paro convocado por ATE para este jueves, con el mismo criterio que aplicó en medidas de fuerza anteriores. En paralelo, busca acercar posiciones con las universidades para desactivar otro de los focos de conflicto.
ATE convocó a un paro nacional de 24 horas el 15 de octubre y a una movilización al Congreso desde las 13.30 para exigir la derogación del DNU 70/2023. Habrá guardias mínimas en hospitales y se prevén afectaciones en Migraciones, el Senasa, la ANSES, el PAMI, la CNRT y la ANAC, además de dependencias provinciales y municipales.
La medida coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria y con la sesión especial que la oposición intentará abrir en Diputados para voltear el DNU. En la Casa Rosada sostienen que, por ahora, los bloques opositores no reúnen el quórum y trabajan con los aliados para evitar que la sesión comience.
Con las universidades, la estrategia es otra. El Gobierno quiere cerrar un acuerdo dentro del Presupuesto 2027 y admite que está dispuesto a aumentar los recursos, aunque rechaza llegar a los cerca de 11 billones de pesos que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional. El proyecto enviado al Congreso prevé unos 7,5 billones, una diferencia de alrededor del 32%. Según un documento del sector, la propuesta oficial no alcanza para cumplir la Ley de Financiamiento Universitario ni los fallos judiciales vigentes.
En el Ejecutivo plantean que la negociación no se limite al monto de las transferencias e incluya cuestiones impositivas y previsionales, como las contribuciones patronales de las universidades, que tienen un régimen especial con una alícuota del 13,65% en 2026 que irá subiendo hasta el 17,13% en 2030. La idea es construir un acuerdo que combine fondos, salarios y aspectos tributarios, y que las universidades desistan además del reclamo judicial por la Ley de Financiamiento Universitario.
