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La conciliación obligatoria entre Granja Tres Arroyos y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) quedó sin efecto este viernes, por lo que los 1.250 despidos realizados por la empresa en la provincia de Buenos Aires a principios de septiembre se encuentran ahora firmes.
Sin posibilidad de una nueva prórroga por parte del gobierno bonaerense, se llevó a cabo la última audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo en La Plata, en la que no se llegó a un acuerdo para resolver el conflicto. La firma, que atraviesa una profunda crisis productiva, económica y financiera, con todas sus empresas solicitando la apertura de concursos preventivos, confirmó los despidos en sus tres plantas bonaerenses.
Según un informe del Ministerio de Trabajo, la empresa despidió a 700 trabajadores de la fábrica ubicada en Capitán Sarmiento, 50 en Pilar y 500 en Esteban Echeverría.
Durante la audiencia, Walter Carrizo, apoderado de Granja Tres Arroyos, sostuvo que la empresa mantiene y ratifica las decisiones previamente comunicadas respecto a los despidos y desvinculaciones, con las causales y alcances informados en cada caso. Justificó estas medidas en la necesidad de adecuar la estructura a la actividad disponible y preservar la continuidad de la explotación.
Carrizo aclaró que esta ratificación no implica la comunicación de nuevos despidos y expresó que, pese al fin de la conciliación obligatoria, las empresas mantienen su disposición al diálogo para evaluar alternativas viables que permitan atender la situación de los trabajadores y sostener la continuidad de la actividad, sin asumir obligaciones adicionales sin respaldo ni renunciar a las posiciones adoptadas.
La representación empresarial rechazó las acusaciones de vaciamiento y de provocar deliberadamente la crisis, argumentando que la afectación de fondos y cobranzas debido a medidas vinculadas a obligaciones previas a los concursos limita la capacidad de cumplir con compromisos actuales y restaurar el funcionamiento de los establecimientos.
Desde el sindicato, informaron que aunque los despidos quedaron vigentes, los trabajadores no podrán acceder al pago de indemnizaciones hasta que se designe el juzgado que llevará adelante los concursos, los cuales se realizarán conforme al artículo 247.
El grupo empresario solicitó que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 21 trate de manera conjunta los concursos de Granja Tres Arroyos SA, WADE SA y Avex SA, a cargo del magistrado Germán Páez Castañeda. Sin embargo, Páez Castañeda remitió el expediente al Juzgado Comercial N° 1, cuyo titular, el juez Alberto Alemán, se declaró incompetente y devolvió la causa. Ahora, Páez Castañeda deberá decidir cómo continuar con los concursos.
Además, pesa una inhibición de bienes sobre las empresas por decisión judicial, ante la denuncia de vaciamiento.
Una fuente vinculada al caso explicó: “Se está a la espera de que la cámara designe un juzgado, para que luego éste designe un síndico, quien determinará, una vez que la empresa cuente con fondos, qué créditos deben ser pagados”.
