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La ciudad de Roca fue el escenario de un operativo policial que reveló la existencia de una mafia dedicada al robo y contrabando de metales, especialmente cobre y aluminio.
La historia comenzó con el descubrimiento de dos camiones de carga que transportaban más de 10 toneladas de estos metales, destapando así una operación delictiva mucho más amplia.
Las autoridades actuaron rápidamente, deteniendo a los responsables de los camiones y llevando a cabo un allanamiento que desentrañó una red criminal sofisticada. El resultado del operativo fue impresionante: más de 3.1 millones de pesos en efectivo, una camioneta y una moto fueron incautados, junto con miles de kilos de cables que, según estimaciones, valen alrededor de 160 millones de pesos en el mercado.
Ayer lunes 4/3, dos de los detenidos fueron liberados bajo ciertas pautas de conducta, mientras que el presunto cabecilla enfrentará prisión preventiva durante los próximos tres meses. El galpón utilizado por la banda fue clausurado por las autoridades locales, revelando además la conexión delictiva con otros crímenes, como el robo de placas de bronce de cementerios y monumentos públicos.
El gobierno de Río Negro se adjudicó este golpe significativo contra el robo y contrabando de metales, actividad delictiva que afecta no solo a las empresas damnificadas, sino también a la comunidad en general. La fiscalía señaló que la documentación inconsistente presentada por los conductores de los camiones fue clave para desencadenar la investigación y el posterior allanamiento.
El robo de cables, un delito que va más allá de la pérdida material, afecta a la comunidad en su conjunto. Desde el robo físico hasta la venta ilegal en chatarrerías y la transformación en fundiciones clandestinas, esta cadena delictiva ha sido desmantelada, al menos en parte, gracias a la acción coordinada de las fuerzas del orden y la fiscalía.
Con el cierre del galpón y las medidas tomadas contra los involucrados, la ciudad de General Roca y sus habitantes respiran un poco más seguros, sabiendo que las autoridades están comprometidas en desbaratar organizaciones criminales que amenazan la seguridad y el bienestar de la comunidad.
