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El agente público se desempeña en la sede central del instituto provincial de la vivienda en Viedma, quien integraría una red de venta de datos privados de las personas.
El subsecretario de Legal y Técnica del organismo, Adrián Otero, por expreso pedido de la interventora, Inés Pérez Raventos, formuló la denuncia penal tras tomar conocimiento de la situación, que se estaría desarrollando en la sede Winter y Murillo de la capital provincial.
Según consta en la denuncia, en tareas de rutina el área de Sistemas del IPPV detectó la existencia de una carpeta en una de las computadoras que recolectaría centenares de copias de DNI, una actividad total y absolutamente irregular para el organismo.
Inmediatamente, las autoridades del IPPV iniciaron un sumario administrativo al agente público que usaba ese equipo informático.
Más adelante y siempre de acuerdo a la letra de la denuncia, el agente admitió al área de Recursos Humanos que otras personas -que se desempeñarían en otros organismos del Estado- le remitirían expedientes y actuaciones para que extraiga los números de DNI que supuestamente eran enviados a un correo electrónico al exterior, a cambio de sumas de dinero.
Ante esta situación, las autoridades del IPPV decidieron presentar la denuncia penal a fin de que el Ministerio Público Fiscal investigue si se trata de un delito y defina la responsabilidad que podría caberle al agente del organismo, más allá de la determinación de las responsabilidades administrativas que ya se encuentran en curso.
El IPPV aclaró que desconoce el destino y uso de los centenares de DNI que forman parte de las carpetas detectadas en los servidores del organismo.
